[Nota: Algunos de los enlaces externos contienen información en inglés.]
La deportación masiva se refiere a una política drástica y generalizada destinada a eliminar a toda la población indocumentada de los EE. UU., actualmente estimada en 11 millones de personas. Algunos grupos también han propuesto terminar con las protecciones legales para poblaciones clave con estatus temporal e incluirlos en la deportación masiva. Esto incluiría los titulares de Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS , los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA y varios beneficiarios de permisos humanitarios, incluidos aquellos que ingresaron a través del proceso CHNV o han sido procesados en la frontera mediante citas obtenidas en la aplicación CBP One. Hasta marzo de 2024, en EE.UU. había más de 860,000 titulares de TPS, 528,000 beneficiarios de DACA y aproximadamente un millón de personas bajo el permiso temporal conocido como “parole” en los EE. UU., todos ellos elegibles para permisos de trabajo. Si se implementara, la deportación masiva podría afectar a más de dos millones de individuos actualmente elegibles para trabajar legalmente en los EE. UU., despojándolos de su estatus legal y expulsándolos del país.
Yendo mucho más allá de las políticas actuales que priorizan la identificación y eliminación de aquellos con antecedentes criminales y/o amenazas a la seguridad pública, una operación de eliminación a gran escala requeriría una enorme movilización de recursos y la ejecución de acciones de cumplimiento amplias en todo el país, incluidas redadas masivas y extensos centros de detención. Las agencias de seguridad pública estatales enfrentarían una enorme presión por parte de las autoridades federales para llevar a cabo actividades de cumplimiento de inmigración relacionadas con la identificación, arresto y deportación de millones de individuos, creando un estado de miedo e incertidumbre para muchos inmigrantes, tanto documentados como indocumentados. Las consecuencias sociales y económicas serían severas.
Lo que implicaría la deportación masiva
La deportación masiva de inmigrantes indocumentados en los EE. UU. implicaría una severa alteración en las comunidades de todo el país y generaría preocupaciones humanitarias sin precedentes. Para identificar, arrestar y deportar a la totalidad de la población indocumentada de 11 millones de personas, y potencialmente a otros despojados de las protecciones legales existentes, el gobierno de EE. UU. necesitaría gastar miles de millones de dólares para construir centros de detención y movilizar a cientos de miles de oficiales de cumplimiento y personal de apoyo para llevar a cabo redadas y acciones asignadas a las agencias de seguridad pública en comunidades de los 50 estados. Estas acciones serían altamente visibles, separarían familias, impactarían a miembros de la comunidad que han estado aquí por años y sembrarían discordia social.
Patrullaje y actividades de los cuerpos policiales en el interior de EE. UU.
Para ejecutar un plan de deportación masiva en el interior de EE. UU., las operaciones actuales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) serían insuficientes. ICE necesitaría ampliar considerablemente su fuerza laboral, lo que requeriría cientos de millones de dólares para contratar a miles de agentes adicionales en todo el país. Incluso con niveles de personal mucho más altos, ICE probablemente necesitaría apoyo adicional de personal de todos los niveles de gobierno, incluidas fuerzas de seguridad estatales y locales, así como fuerzas militares y unidades de la Guardia Nacional.
La coordinación y cooperación estrecha con las fuerzas policiales locales serían cruciales para ejecutar deportaciones a gran escala. Los funcionarios de las fuerzas policiales locales se verían obligados a llevar a cabo operaciones de aplicación de la ley de inmigración drásticamente intensificadas, desviando recursos y personal de equipos de seguridad actualmente enfocados en amenazas comunitarias y prevención del crimen. Dicho personal sería redireccionado para patrullar comunidades en busca de individuos indocumentados, la mayoría de los cuales no representan una amenaza para la seguridad pública.
Además, las fuerzas militares de EE. UU. y la Guardia Nacional podrían ser desplegadas para ayudar en la implementación de la deportación masiva, lo que implicaría costos adicionales significativos y desviar recursos de la respuesta a desastres nacionales, la preparación militar y otros roles tradicionales de las fuerzas armadas.
Aunque las agencias de fuerzas del orden locales actualmente coordinan con las autoridades federales de inmigración en varios niveles, empoderar una red de inmigración a gran escala llevaría a muchos residentes indocumentados –así como a sus familias y amigos– a evitar el contacto con la policía. Las víctimas de delitos y los testigos probablemente se negarían a cooperar con las investigaciones policiales para minimizar el riesgo de ser identificados y deportados. Esto tendría efectos negativos de gran alcance en la seguridad pública, afectando a todos y no solo a las comunidades inmigrantes.
Del mismo modo, aunque existe un precedente en el despliegue de unidades de la Guardia Nacional en la frontera entre EE. UU. y México para apoyar con el control de inmigración, el hecho que las unidades militares de EE. UU. y la Guardia Nacional lleven a cabo directamente operaciones de aplicación de la ley de inmigración en EE. UU. No tiene precedente. La presencia visible de tropas en las comunidades para aplicación de políticas migratorias podría fomentar una atmósfera de ocupación, dañando las relaciones entre la comunidad y la policía y erosionando la confianza pública, especialmente en comunidades con alto porcentaje de inmigrantes. Además, este enfoque amenazaría con sentar un peligroso precedente para una mayor militarización de las fuerzas del orden doméstico (información en inglés) y sus interacciones con los ciudadanos estadounidenses.
Redadas de inmigración omnipresentes, incluyendo lugares sensibles
Para localizar y arrestar a toda la población indocumentada, ICE, las fuerzas del orden y el personal militar tendrían que llevar a cabo redadas y operativos en casas, edificios de apartamentos, lugares de trabajo y otros espacios públicos en todo el país. Las acciones de aplicación de la ley podrían ocurrir en escuelas, hospitales e iglesias, actualmente protegidas como “zonas sensibles”, agentes podrían realizar controles en estos lugares para solicitar prueba de estatus legal. Es probable que los agentes involucrados en tales operaciones se basen en perfiles raciales y étnicos, lo que podría atrapar e incluso deportar a ciudadanos estadounidenses y otros residentes legales.
La focalización en la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, particularmente aquellos condenados por delitos graves, ha sido tradicionalmente una prioridad tanto en administraciones republicanas como demócratas. Ampliar las deportaciones más allá de este grupo para incluir a residentes de larga data y aquellos con vínculos comunitarios profundos, incluidos individuos con cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses, enfrentaría desafíos significativos y una fuerte oposición pública. Datos recolectados muestran que la mayoría de los inmigrantes indocumentados han vivido en EE. UU. durante más de una década, y algunos incluso han residido en el país durante 20 años o más. Un gran número de ellos tiene hijos ciudadanos estadounidenses, poseen viviendas y son miembros bien establecidos de sus vecindarios, pueblos y ciudades. Por lo tanto, las acciones de aplicación de la ley de deportación masiva interrumpirían comunidades locales, negocios, escuelas y lugares de culto, perturbando espacios sagrados y seguros.
Detención y transporte masivos
Actualmente, ICE tiene financiamiento para 41,500 camas de detención, una cifra que es notablemente insuficiente para albergar a millones de inmigrantes en procesos de deportación. Los defensores de la deportación masiva han sugerido que el gobierno podría construir “vastas instalaciones de retención que funcionarían como centros de acopio” para migrantes en espera de juicio y deportación “en tierras abiertas en Texas cerca de la frontera”. Estas instalaciones, a veces denominadas “campamentos”, son inquietantemente similares al uso de campos de confinamiento durante la detención de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
Se requerirían extensos sistemas de transporte aéreo y terrestre para llevar a cabo la deportación masiva. Serían necesarios autobuses y furgonetas para transportar a los detenidos desde diversas instalaciones de retención a los aeropuertos, lo que requeriría una expansión significativa de la flota de transporte de ICE y del personal, además de costos y desafíos logísticos para mover a millones de personas a los centros de detención y eventualmente deportarlas. Habría mayores dificultades para deportar gente a países que no limitan con EE. UU. o a países que no cooperan o mantienen relaciones diplomáticas con EE. UU.
Tribunales de inmigración y debido proceso:
Los procesos legales inherentes a la deportación presentan un desafío significativo para implementar la deportación masiva. Como subrayó la Corte Suprema en 1993, todos los inmigrantes que han vivido en EE. UU. durante al menos dos años, incluso aquellos que ingresaron sin autorización, tienen derecho al debido proceso en los procedimientos de deportación. Esta protección constitucional establece que cada caso debe ser escuchado individualmente en un tribunal de inmigración, lo que crea un obstáculo logístico sustancial para cualquier esfuerzo de deportación a gran escala.
En este momento, el sistema de tribunales de inmigración de EE. UU. está increíblemente sobrecargado , lo que dificulta que los inmigrantes indocumentados resuelvan sus casos de manera oportuna y contribuye a la gran población indocumentada. Algunos observadores han sugerido (información en inglés) que, para lograr la deportación masiva, el gobierno necesitaría “triplicar el tamaño” del sistema de tribunales de inmigración y “construir nuevos juzgados, contratar personal de apoyo y capacitar a jueces”. Alternativamente, un esfuerzo de deportación masiva podría intentar eludir por completo el debido proceso para limitar o evitar los tribunales de inmigración y excluir sumariamente a grandes grupos de migrantes que lleguen a la frontera. Estos esfuerzos sin duda enfrentarían desafíos legales, ya que contrarían las protecciones constitucionales de debido proceso.
¿Cuál sería el costo de la deportación masiva?
Costos para los contribuyentes:
La deportación de todos los inmigrantes indocumentados de EE. UU. sería una tarea enormemente costosa para los contribuyentes estadounidenses. A partir de 2024, el costo promedio para deportar a una sola persona ha aumentado a casi $14,000 dólares americanos, frente a los $10,070 dólares en 2015. El costo total puede ser mayor dependiendo del país de destino, otros factores como los precios y horarios de los vuelos comerciales desempeñando un papel importante.
En el año fiscal 2023, ICE gastó $420 millones de dólares en transporte y deportación para solo 142,580 casos. Las instalaciones de detención también incurren en gastos significativos, con ICE gestionando 41,500 camas en 200 centros a un costo anual de $57,378 dólares por cama. Ampliar estas operaciones para deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se estiman viven en EE.UU. podría costar más de $150 mil millones de dólares, con un adicional de $15 mil millones de dólares por año necesarios para mantener la aplicación de la ley contra nuevas entradas indocumentadas. Estas estimaciones de costos no incluyen los recursos requeridos para deportar a millones de otros migrantes que actualmente están protegidos bajo programas como DACA, TPS y permisos humanitarios. Por lo tanto, el costo de la deportación masiva que recaería sobre los contribuyentes sería mucho mayor que el costo inmediato del programa.
Consecuencias económicas
Si se llevara a cabo la deportación masiva, EE. UU. tendría que enfrentar la pérdida de decenas de miles de trabajadores indocumentados que son esenciales para industrias críticas como la agricultura, la construcción y la hostelería. En 2022, el año más reciente para el que hay estadísticas disponibles, los inmigrantes indocumentados representaban aproximadamente el 4.8% de la fuerza laboral de EE. UU. (alrededor de 7.5 millones de trabajadores). Particularmente en ocupaciones identificadas como poco populares entre los trabajadores nacidos en EE. UU., los trabajadores indocumentados constituyen una parte significativa de la fuerza laboral y son difíciles de reemplazar. El impacto económico de las deportaciones masivas sería aún más grave si el esfuerzo se centrara en inmigrantes con autorización legal para trabajar como los titulares de TPS, los beneficiarios de DACA y quienes están bajo permisos humanitarios. Estas personas han estado trabajando legalmente y contribuyendo con impuestos durante años, pero podrían enfrentar la deportación si una administración y/o los tribunales toman medidas para terminar con sus programas de autorización de trabajo.
Investigadores han calculado que la deportación de todos los inmigrantes indocumentados reduciría el PIB entre un 2.6% y un 12% a lo largo de una década, a eso se sumaría la caída en los ingresos fiscales y las horas de empleo. La eliminación de todos los trabajadores indocumentados del mercado laboral probablemente conduciría a escasez de mano de obra, lo cual sería difícil de contrarrestar, reduciría la producción y aumentaría los precios para los consumidores.
Estos riesgos no son meramente teóricos; la historia revela los efectos adversos de la deportación masiva. Un estudio de 2023 encontró que, por cada millón de trabajadores indocumentados deportados bajo el Programa Comunidades Seguras implementado entre 2010 y 2015, aproximadamente 88,000 trabajadores nacidos en EE. UU. perdieron sus empleos. Estos hallazgos sugieren que, si todos los trabajadores indocumentados en la fuerza laboral actual fueran deportados, casi un millón de ciudadanos estadounidenses podrían perder sus empleos. La deportación masiva infligiría un severo golpe a la economía, reduciendo la producción económica y eliminando empleos ocupados por ciudadanos estadounidenses. De esta manera, la deportación tendría efectos desastrosos para la economía en general y para los trabajadores.
Carga sobre las familias y tensión en las comunidades
Más allá de estos impactos directos en el mercado laboral, la deportación masiva afectaría a millones de estadounidenses que viven en hogares de “estatus mixto” , es decir, aquellos con ciudadanos estadounidenses y miembros de la familia indocumentados u otro estatus temporal. Si bien los niños nacidos en EE. UU. son ciudadanos estadounidenses, sin importar el estatus migratorio de los padres, y están legalmente protegidos de la deportación, los costos financieros y sociales de criarlos recaerían sobre los miembros restantes de la familia y, en el peor de los casos, sobre la red de seguridad social. La eliminación de residentes indocumentados de estos hogares podría reducir los ingresos medios en un 47%, empujando a millones de personas hacia la pobreza y provocando cambios negativos dramáticos en la dinámica familiar.
La deportación masiva tendría consecuencias devastadoras para familias y comunidades en todo EE. UU., desgarrando el tejido de la sociedad estadounidense e infligiendo un trauma (información en inglés) profundo, especialmente a los niños .
La comunidad, en general, también sufriría las consecuencias de la deportación masiva, ya que el estrés de la posible separación familiar y las acciones policiales o de patrullaje en lugares sensibles podrían crear un “clima” de miedo y ansiedad que socava la cohesión y el bienestar comunitario.
Conclusión
La deportación masiva tendría consecuencias de gran alcance. Llevar a cabo deportaciones masivas implicaría expansiones masivas y costosas de los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración, interrupciones en las comunidades y un amplio perfilamiento racial y étnico. Además, el trauma infligido a los niños y los efectos en cadena en los hogares de estatus mixto desestabilizarían comunidades enteras. La eliminación de millones de trabajadores de sectores esenciales dañaría gravemente la economía, llevando a escasez de mano de obra, una reducción en la producción económica y pérdidas de empleo para ciudadanos estadounidenses.
Estas implicaciones más amplias de la deportación masiva generan serias preocupaciones sobre su viabilidad, legalidad e impacto humanitario. Requeriría recursos sin precedentes y desviaría personal militar y de aplicación de la ley de todos los niveles de gobierno, socavando la preparación militar y la seguridad pública. También sería divisivo y caótico, llevando a desafíos legales, oposición masiva y potencial agitación pública. En última instancia, la deportación masiva es una política extrema y costosa que tendría efectos negativos a corto y largo plazo en la seguridad, la economía y la sociedad de la nación.