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I. Introducción
Cuando Donald Trump asumió el cargo en 2017, su administración implementó un conjunto de medidas radicales en materia de inmigración en sus primeros días y semanas, lo que marcó un cambio drástico en la política migratoria de Estados Unidos que todavía se puede sentir hoy. Estas primeras acciones incluyeron la imposición de una prohibición de viajes dirigida a países predominantemente musulmanes, una reducción significativa en las admisiones de refugiados, la introducción de una “investigación extrema” para los solicitantes de visas y una sólida expansión de la aplicación de las leyes migratorias, tanto en el interior del país como en la frontera entre Estados Unidos y México. Esas medidas fueron emblemáticas de la postura de mano dura que el presidente Trump adoptó sobre la inmigración durante la campaña de 2016 y se convirtieron en una característica definitoria de su primera administración.
Durante la campaña electoral de 2024, la retórica de Trump se intensificó, centrándose aún más agresivamente en la inmigración, con promesas de “deportación masiva”, fronteras impenetrables y restricciones extremas al acceso al asilo. Como candidato, Trump prometió iniciar “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos,” dirigida no solo a los inmigrantes indocumentados sino también, potencialmente, a las personas actualmente protegidas por programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), la Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés) y los programas de parole humanitario establecidos durante la administración Biden.
Estas acciones propuestas representan una escalada sin precedentes de la aplicación de la ley migratoria y nuevas restricciones, y la nueva administración podría implementarlas rápidamente a través de órdenes ejecutivas y acciones administrativas.
La agenda de inmigración de Trump para su segundo mandato se basa en los cimientos de su primer mandato, pero busca intensificar esos esfuerzos ampliando las operaciones de deportación, reviviendo políticas controvertidas como el Título 42 y los Protocolos de Protección al Migrante , y utilizando recursos militares para ayudar con el control fronterizo y los procesos de deportación. Su administración también ha señalado su intención de desmantelar las vías legales creadas por la administración Biden que permitieron a más de 1,3 millones de migrantes ingresar legalmente a Estados Unidos. El alcance y la escala de estas acciones propuestas se están volviendo cada vez más evidentes a medida que el equipo de transición de Trump describe estrategias para la detención y la deportación.
A medida que los nombramientos de Trump para el gabinete han ido tomando forma, es evidente que la administración emprenderá acciones rápidas y de alto impacto diseñadas para reformular la política migratoria de Estados Unidos y redefinir el enfoque del país hacia los recién llegados. Aunque es imposible predecir con precisión qué acciones priorizará y/o buscará implementar en los primeros días de su segundo mandato, el deseo de Trump de cumplir las promesas de campaña sobre inmigración y la planificación detallada de sus asesores indican que habrá una oleada de actividad en el tema a partir del 20 de enero de 2025. En este contexto, este memorando describe los posibles pasos que podría tomar una segunda administración Trump en materia de inmigración durante sus primeros 100 días en el cargo.
II. Seguridad y control fronterizos
Para cumplir rápidamente gran parte de su agenda de inmigración de su segundo mandato, Trump ha dicho que tiene la intención de declarar una emergencia nacional en la frontera sur, lo que le permitiría desplegar la Guardia Nacional y recursos militares para ayudar con el control fronterizo. Aunque esta posible medida ha suscitado críticas de algunos miembros del Partido Republicano y la legalidad de tal acción es cuestionada , declarar una emergencia nacional le permitiría cerrar puntos de entrada clave y militarizar la frontera rápidamente. En su primer mandato, Trump utilizó de manera similar la autoridad de emergencia para acceder a fondos militares para construir secciones de un muro fronterizo con México.
A pesar de que la emergencia sanitaria por COVID-19 terminó formalmente en 2023, Trump también ha indicado que planea restablecer el Título 42 , una política de salud pública que permite la expulsión rápida de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México sin brindarles la oportunidad de solicitar asilo u obtener otras formas de ayuda humanitaria. Aunque el Título 42 se invocó por primera vez en respuesta a la pandemia de COVID-19, los asesores de Trump habían intentado sin éxito utilizar la autoridad sanitaria incluso antes del inicio de la pandemia como una forma de reforzar los controles fronterizos. En su segundo mandato, Trump podría intentar justificar un uso no pandémico del Título 42 alegando que otras enfermedades infecciosas están relacionadas con la migración masiva y son amenazas para la salud pública. Tales acciones enfrentarían desafíos legales y generarían críticas de los expertos en salud pública, quienes anteriormente han argumentado que hay poca evidencia de que las expulsiones del Título 42 prevengan efectivamente la propagación de enfermedades.
Trump ha prometido reanudar y ampliar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, probablemente recurriendo a una orden ejecutiva para acelerar el proceso. Al igual que en su primer mandato, se espera que Trump enfrente desafíos legales y de financiamiento relacionados con la adquisición de tierras para el muro fronterizo. Sin embargo, el apoyo esperado de las nuevas mayorías republicanas en ambas cámaras del Congreso significa que Trump puede esperar una rápida aprobación de la legislación de asignación de fondos para proporcionar un financiamiento significativo, posiblemente a través del proceso de reconciliación .
III. Deportación masiva y aumento de la vigilancia interna
Trump hizo campaña con una plataforma de “deportación masiva” y prometió que comenzaría la “operación de deportación masiva más grande” en la historia de Estados Unidos a partir del primer día de su segunda administración. Trump ha declarado que buscará deportar entre 15 y 20 millones de personas , una cifra mucho mayor que las estimaciones confiables que sitúan la población indocumentada en alrededor de 11 millones. Por supuesto, los desafíos logísticos relacionados con el personal para llevar a cabo estas acciones, así como el espacio de detención y el financiamiento representan límites sobre lo que la segunda administración de Trump pueda hacer para llevar a cabo deportaciones masivas, especialmente en la primera mitad de 2025.
Los asesores de Trump han indicado que se enfocarán a personas con antecedentes penales, así como en individuos que han pasado por el proceso de la corte de inmigración y han recibido órdenes finales de expulsión. Esta población, aunque significativa, representa solo una proporción relativamente pequeña de la población indocumentada. Según estimaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), alrededor de 660.000 no ciudadanos con antecedentes penales están en el expediente nacional de ICE, una cifra que incluye a personas con condenas y aquellas con cargos pendientes.
Además, alrededor de 1,4 millones de personas con órdenes finales de expulsión permanecen en los EE. UU. Los funcionarios de la administración Trump han indicado que tienen la intención de llevar a cabo acciones de cumplimiento de gran escala y muy visibles para localizar y arrestar a los residentes indocumentados. El nuevo “zar de la frontera,” Tom Homan, dijo que las redadas extensas en el lugar de trabajo dirigidas a trabajadores no autorizados se reanudarían a principios de la administración.
Para avanzar hacia una deportación masiva, Trump podría emitir nuevamente una orden ejecutiva que ordene a ICE comenzar a planificar deportaciones a gran escala dirigidas a inmigrantes indocumentados en lugares de trabajo, hogares y espacios públicos, como lo hizo en 2017. Emitida apenas cinco días después de que Trump asumiera el cargo por primera vez, su orden ejecutiva “Mejorar la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos” representa un claro punto de partida para su segunda administración. Si bien no se pueden ejecutar deportaciones masivas a tal escala de inmediato ni se puede esperar que concluyan durante sus primeros 100 días, Trump puede sentar las bases para estas operaciones y ejecutar una serie de lo que Homan ha llamado acciones de “conmoción y pavor”, diseñadas para enviar un mensaje a las comunidades inmigrantes sobre acciones de cumplimiento más significativas que probablemente seguirán, sembrando miedo entre las poblaciones indocumentadas y otros.
En los primeros días de su nueva administración, Trump dará marcha atrás al memorando de la administración Biden sobre las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para las deportaciones, que se centraban principalmente en las personas que representan amenazas a la seguridad nacional o la seguridad pública. Al revocar este memorando, como revocó una directriz similar de la era Obama en 2017, Trump ampliará la autoridad de ICE para apuntar a todos los inmigrantes indocumentados para su deportación, independientemente de sus antecedentes penales. Sin embargo, al desviar la atención hacia una gran población, esta medida podría amenazar la capacidad de las autoridades federales de inmigración para concentrar sus limitados recursos en aquellos que representan las amenazas más importantes para la seguridad pública o la seguridad nacional.
El segundo gobierno de Trump seguramente buscará expandir el uso de procesos de remoción acelerada, que permiten deportaciones más rápidas sin revisión judicial para individuos que han estado en Estados Unidos por menos de dos años. Esto podría permitir al ICE eludir los tribunales de inmigración y expulsar a las personas más rápidamente, al tiempo que limita el acceso al debido proceso. Como resultado, es probable que las solicitudes de protección meritorias no sean escuchadas. Se espera que la estrategia de deportación masiva de Trump requiera que su gobierno reclute y presione a las agencias locales de aplicación de la ley para que cooperen con las autoridades federales de inmigración. La expansión de programas como el 287(g) , que designa a los agentes locales de aplicación de la ley para que actúen como agentes de inmigración, probablemente será una parte clave de esta estrategia. Su gobierno también podría amenazar con retener fondos federales a las jurisdicciones con políticas de bienvenida o de confianza favorables a los inmigrantes o que se nieguen a cumplir con las solicitudes de detención del ICE, una táctica que se encontró con desafíos legales durante el primer mandato de Trump.
En múltiples ocasiones, Trump ha sugerido el uso de recursos militares como parte de los esfuerzos de deportación masiva. La participación militar enfrentaría obstáculos legales bajo la Ley Posse Comitatus , (que se traduce del latín como “fuerza del condado”), un estatuto posterior a la Guerra Civil que limita el uso de las fuerzas armadas en esfuerzos de aplicación de la ley nacional, y podría ser vista como una redirección indebida de asignaciones. Trump probablemente intentaría justificar la participación de las fuerzas armadas en la deportación masiva como un uso válido de la autoridad de emergencia, posiblemente bajo la Ley de Insurrección de 1807 , que permite al presidente ordenar que las fuerzas militares entren en servicio para combatir “obstrucciones, combinaciones o reuniones ilegales, o rebelión contra la autoridad de los Estados Unidos.” Confiar en esta ley fuera de tiempos de guerra o una situación de disturbios violentos en el país representaría una ruptura radical con el precedente que ha hecho sonar las alarmas de los defensores y los miembros del Congreso.
Incluso si la segunda administración Trump no llegara a incluir a las fuerzas militares directamente en la aplicación de las leyes de inmigración, podría utilizar recursos militares para funciones no relacionadas con la aplicación de las leyes, como el apoyo logístico, como el transporte, la construcción de infraestructuras y la recopilación de información de inteligencia. Por ejemplo, se podrían utilizar aviones militares para transportar a los migrantes y el personal militar podría ayudar a construir centros de detención. La reorientación de los recursos militares hacia la aplicación de las leyes de inmigración podría enfrentar impugnaciones legales por considerarse un uso indebido de las asignaciones destinadas a fines de defensa. Las impugnaciones legales a las acciones de Trump durante su primer mandato de reorientar el financiamiento militar hacia la construcción del muro fronterizo fueron desestimadas por la Corte Suprema de Estados Unidos sin una resolución final.
Trump ha amenazado inmediatamente con invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —una disposición no derogada de las Leyes de Extranjería y Sedición— para eludir las protecciones del debido proceso y acelerar las deportaciones al designar a ciertos grupos como amenazas a la seguridad nacional. Esto permitiría a su administración eludir las restricciones legales que suelen retrasar los procesos de deportación e inhibir las acciones de cumplimiento internas. La Ley de Enemigos Extranjeros se ha invocado con moderación a lo largo de la historia de Estados Unidos, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó para justificar el internamiento de estadounidenses de origen japonés y algunos ciudadanos alemanes e italianos tras el ataque a Pearl Harbor. El presidente Franklin D. Roosevelt invocó la ley para detener a “extranjeros enemigos”, lo que llevó al internamiento de unos 120.000 estadounidenses de origen japonés, incluidos niños, muchos de los cuales eran ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Los expertos legales advierten que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de esta manera podría conducir a violaciones generalizadas de los derechos civiles y socavar las protecciones del debido proceso que garantiza la Constitución. Los defensores también señalan que tales acciones podrían perturbar las comunidades, dañar a las familias y dañar la economía al apuntar tanto a los inmigrantes indocumentados como a los residentes legales.
IV. Limitación del acceso al asilo
Una segunda administración de Trump también buscará limitar el acceso al asilo a través de varios mecanismos destinados a reducir las solicitudes realizadas en la frontera sur, que aumentaron drásticamente durante la administración Biden hasta que introdujo importantes restricciones al asilo en 2024.
Un segundo gobierno de Trump podría utilizar varias herramientas para restringir aún más el asilo. Trump ha prometido volver a implementar los llamados Protocolos de Protección al Migrante (MPP), también conocidos como “Permanecer en México”, que requerirían que los solicitantes de asilo esperen en México mientras se procesan sus solicitudes. El restablecimiento de los MPP reduciría la cantidad de migrantes liberados en comunidades estadounidenses mientras esperan las fechas de los tribunales, pero pondría a muchos migrantes en peligro mientras esperan, probablemente en condiciones precarias, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. El restablecimiento de los MPP requeriría el consentimiento del gobierno mexicano, lo que obligaría a la administración Trump a negociar un acuerdo con la administración recién electa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al igual que durante la primera administración de Trump, su segunda puede intentar negociar (o restablecer) los llamados acuerdos de terceros países seguros con las naciones centroamericanas u otros países dispuestos a aceptar solicitantes de asilo antes de que lleguen a los EE. UU. Esto desviaría las solicitudes de asilo fuera de las fronteras estadounidenses, pero es probable que enfrente desafíos diplomáticos de países que no están dispuestos o no pueden manejar grandes cantidades de solicitantes de asilo. Trump previamente negoció un acuerdo de este tipo con Guatemala en 2019, pero su implementación fue limitada. Si enfrenta resistencia a la reimplementación del MPP o los acuerdos de terceros países seguros, la administración entrante de Trump puede recurrir a presionar a los socios regionales, incluyendo amenazas de restricciones comerciales y limitación del acceso a visas a los países que se resistan a estos acuerdos.
Trump probablemente impondrá nuevas restricciones a la elegibilidad para el asilo, emitiendo órdenes ejecutivas y orientaciones políticas para limitar aún más quiénes califican para la protección bajo la ley estadounidense. Esto podría implicar restringir la definición de lo que constituye un temor creíble de persecución (uno de los criterios clave para calificar para el asilo en los EE. UU.) e imponer requisitos de evidencia más estrictos a los solicitantes. Durante su primer mandato, Trump intentó implementar políticas que negarían solicitudes de asilo basadas en violencia doméstica o violencia de pandillas, argumentando que estas cuestiones no cumplían con el umbral legal para la persecución bajo la ley estadounidense. Aunque estos esfuerzos fueron bloqueados en la corte en ese momento, se espera que Trump revise estas restricciones en su segundo mandato. También es probable que Trump restrinja aún más la capacidad de los solicitantes de asilo para solicitar asistencia al ingresar a los EE. UU. entre los puertos de entrada, exigiendo que todos los solicitantes humanitarios presenten la solicitud a través de los puertos de entrada oficiales. Además, la administración entrante de Trump ha señalado que eliminará el uso de la aplicación de teléfono CBP One, una herramienta, defectuosa pero valiosa que ha permitido a los solicitantes de asilo programar con anticipación entrevistas de asilo y otras citas.
V. Revocación de las protecciones migratorias y eliminación de las vías humanitarias
En los primeros 100 días, la segunda administración de Trump podría revocar o poner en serio peligro las protecciones para más de 2,7 millones de personas con protecciones temporales mediante acciones ejecutivas y retirando la oposición a las impugnaciones legales. Aunque las deportaciones a gran escala puede que tarden en llevarse a cabo debido a las limitaciones logísticas (incluida la escasez de personal, la capacidad limitada de detención y los recursos limitados de transporte), Trump podría comenzar de inmediato a rescindir las protecciones para ciertos grupos de inmigrantes, lo que los haría inelegibles para trabajar y vivir en los Estados Unidos. Trump ha dicho que pondrá fin a los programas de libertad condicional humanitaria (parole) de la era Biden para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El futuro también es incierto para programas similares de libertad condicional (parole en inglés) que brindan admisión temporal a migrantes que han buscado refugio desde Ucrania y Afganistán, la administración entrante de Trump puede optar por no ofrecer una nueva alternativa de parole a las personas que en este momento están bajo esas protecciones o llegar al extremo de cancelar sus protecciones. La administración entrante tiene amplia autoridad para terminar la libertad condicional, ya que el gobierno federal conserva la capacidad de “revocar la libertad condicional (parole) en cualquier momento” si “determina que la libertad condicional ya no es necesaria.”
Por otra parte, el vicepresidente electo JD Vance ha prometido “dejar de otorgar masivamente el Estatus de Protección Temporal ” (TPS, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, parece poco probable que la administración entrante de Trump emita nuevas designaciones de TPS para nacionales de países que enfrentan conflictos armados o desastres naturales y podría permitir que caduquen las concesiones de TPS existentes. La nueva administración también podría intentar revocar el TPS para personas antes de que expire, incluidas las personas de Haití, El Salvador y otros lugares, lo que podría afectar a cientos de miles de personas que actualmente residen y trabajan legalmente en los Estados Unidos. Es casi seguro que una medida de ese tipo enfrentaría desafíos legales. La administración entrante también podría tomar medidas contra la Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés), similar al TPS.
El nuevo subdirector de gabinete de políticas de Trump, Stephen Miller, ha expresado repetidamente su deseo de poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a los Dreamers —individuos indocumentados traídos a los EE. UU. cuando eran niños— de la deportación.
Actualmente DACA es objeto de litigios en los tribunales federales, y es probable que la Corte Suprema decida su futuro en los próximos dos años. Incluso antes de que los tribunales federales emitan una determinación final sobre su legalidad, Trump puede intentar poner fin a DACA mediante el proceso de elaboración de normas, tal como intentó sin éxito poner fin a una versión anterior mediante una acción ejecutiva. Poner fin al DACA eliminaría la autorización de trabajo de cientos de miles de Soñadores o “Dreamers,” muchos inmersos en industrias esenciales del país. Potencialmente los dejaría vulnerables a la deportación, lo que provocaría una importante reacción pública y largas batallas legales.
Sin embargo, en una reciente entrevista con NBC News , Trump indicó que le gustaría encontrar una solución legislativa para permitir que los Dreamers permanezcan en el país. Trump dijo que “trabajará con los demócratas en un plan” para protegerlos. Señaló que los Dreamers “fueron traídos a este país… hace muchos años. Algunos de ellos ya no son jóvenes. Y en muchos casos, han tenido éxito. Tienen excelentes trabajos. En algunos casos tienen pequeñas empresas. En algunos casos, pueden tener grandes empresas. Y vamos a tener que hacer algo con ellos.”
Es probable que Trump detenga las admisiones de refugiados en los primeros días de su nuevo mandato, luego emita nuevos límites a las admisiones de refugiados y reduzca el límite anual de reasentamiento de refugiados de los 125.000 de la administración Biden para el año fiscal 2025. Durante su primer mandato, Trump redujo drásticamente las admisiones de refugiados, estableciéndose en un límite históricamente bajo de 15.000 por año (y admitiendo menos que eso) mientras que incorrectamente presenta a los refugiados como una amenaza a la seguridad y una carga económica . Estas acciones diezmaron el sistema de reasentamiento de refugiados, que nuevamente estará en riesgo durante el segundo mandato de Trump. Según informes durante su primer mandato, algunos asesores de Trump propusieron “eliminar por completo” las admisiones de refugiados, lo que podría volver a estar sobre la mesa.
VI. Reducción de la inmigración legal y de la autorización de trabajo
Trump ha expresado repetidamente su deseo de limitar la inmigración legal. Es probable que su administración endurezca la emisión de visas en varias categorías, como visas de trabajo (incluida la H-1B ), tarjetas de residencia para familiares inmediatos y otros programas de “preferencia” familiar que califiquen. Trump ha sostenido durante mucho tiempo que el sistema de inmigración de Estados Unidos debería priorizar la inmigración “ basada en el mérito ” en lugar de los inmigrantes que ingresan al país a través de programas humanitarios y de reunificación familiar. Su segunda administración puede buscar cambios para aumentar la proporción de inmigrantes calificados admitidos en Estados Unidos, posiblemente exclusivamente mediante la reducción de otros programas. Trump anteriormente apoyó leyes como la Ley RAISE , que buscaba reformar el sistema de inmigración hacia criterios basados en el mérito y, al mismo tiempo, reducir los niveles de inmigración legal en general.
Un segundo gobierno de Trump podría tomar medidas para desacelerar y reducir de alguna manera el procesamiento de tarjetas verdes, visas de no inmigrantes y documentos de autorización de trabajo. Podría transferir personal y fondos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para que se ocupen de la aplicación de la ley y otros usos. También podría exigir procesos de investigación más estrictos para las visas de inmigrantes y no inmigrantes mediante decretos ejecutivos u otras políticas, supuestamente para mejorar la seguridad, pero con el impacto de reducir la cantidad de trabajadores extranjeros. Al mismo tiempo, el uso de la “diplomacia de la inmigración” destinada a presionar a los países que se niegan a aceptar deportados de Estados Unidos podría llevar a limitar las visas y los trabajadores de países que se resisten a recibir deportados, se niegan a entrar en acuerdos de terceros países seguros o son vistos por el gobierno como poco cooperativos.
El presidente tiene una autoridad considerable para dar forma a la política de inmigración a través de acciones ejecutivas, incluidas las visas de trabajo temporales, ya que la autoridad del presidente sobre las relaciones exteriores le da autoridad para determinar cómo se deben emitir las visas estadounidenses a los ciudadanos extranjeros. Es probable que Trump tome medidas para reducir o incluso eliminar las visas de trabajo temporales y para no inmigrantes , como las proporcionadas por los programas H-2A y H-2B . Su administración puede restringir severamente la lista de países elegibles, establecer topes restrictivos de visas, aumentar los requisitos del programa o retrasar de alguna otra manera el procesamiento de las visas de trabajo.
Como presidente, Trump utilizó órdenes ejecutivas y proclamaciones presidenciales para restringir varias categorías de visas, citando la necesidad de proteger los empleos estadounidenses. Las políticas de Trump durante su primer mandato reestructuraron la inmigración basada en el empleo, introduciendo umbrales salariales más estrictos, medidas de cumplimiento y criterios de elegibilidad, acciones que la administración Biden posteriormente revirtió. Reimponer estas restricciones podría afectar gravemente a la industria agrícola y otros sectores que luchan por atraer a trabajadores nacidos en Estados Unidos, muchos de los cuales ya están lidiando con una escasez de mano de obra que solo empeoraría con los esfuerzos de deportación masiva. Sin embargo, estas acciones enfrentarán obstáculos legales si entran en conflicto con leyes escritas o tratados que prometen visas a grupos específicos de personas, y acciones similares durante el primer mandato de Trump generaron impugnaciones legales .
Trump ha sugerido que podría intentar poner fin al programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes, conocido comúnmente como lotería de visas de diversidad, a través del cual se emitirán 55.000 tarjetas de residencia en el año fiscal 2026 a personas de países con tasas históricamente bajas de inmigración a los Estados Unidos. Trump ha criticado repetidamente este programa, alegando que atrae a inmigrantes que no son examinados adecuadamente, y se espera que intente eliminarlo mediante una orden ejecutiva, como lo intentó por primera vez en 2019.
Cualquier nuevo intento de eliminar o alterar significativamente la lotería de visas mediante una acción ejecutiva probablemente enfrentaría desafíos legales, ya que el Congreso estableció el programa y los cambios en su estructura generalmente requieren una acción legislativa. Los tribunales intervinieron anteriormente cuando la administración Trump intentó restringir el procesamiento de visas para los ganadores de la lotería de diversidad durante la pandemia de COVID-19.
Trump también podría imponer nuevas restricciones a los estudiantes internacionales , incluyendo nuevos límites a la Capacitación Práctica Opcional (OPT, por sus siglas en inglés), que permite a los estudiantes internacionales buscar una autorización de trabajo temporal en el campo que hayan elegido después de graduarse para ganar experiencia. En su primer mandato, los asesores de Trump consideraron y redactaron una norma para eliminar el programa, pero la norma finalmente no se publicó. El borrador de la norma podría resucitar en su segundo mandato.
La administración Trump podría intentar socavar la emisión de visas T y U , que otorgan estatus legal y autorización de trabajo a las víctimas de trata de personas (visas T) y a las víctimas de ciertos delitos que ayudan a las fuerzas del orden (visas U). Si bien el propio Trump no ha dicho mucho sobre los programas de no inmigrantes T o U, los asesores de la administración Trump que contribuyeron al marco del Proyecto 2025 sugirieron que Trump elimine o minimice estas vías. El programa de visas U, en particular, está sujeto a retrasos significativos , con tiempos de procesamiento que superan los cinco años. Durante este período de espera, los solicitantes a menudo reciben una acción diferida, que brinda protección temporal contra la deportación y elegibilidad para la autorización de trabajo. Si se eliminara o restringiera la acción diferida, los solicitantes de visas perderían estas protecciones mientras esperan que se resuelvan sus casos.
Por último, un segundo gobierno de Trump podría intentar reimponer o ampliar las políticas restrictivas de “carga pública,” lo que afectaría gravemente la capacidad de muchos inmigrantes de conseguir un estatus legal permanente en los Estados Unidos. Durante el primer mandato de Trump, el gobierno amplió la definición de “carga pública” para incluir no sólo a quienes dependían principalmente de la asistencia en efectivo, sino también a quienes podrían utilizar beneficios no monetarios relacionados con la atención médica o la asistencia alimentaria. El cambio de la norma tenía por objeto restringir la inmigración al dificultar que los inmigrantes de bajos ingresos se convirtieran en residentes permanentes legales, pero también provocó un temor generalizado entre las comunidades inmigrantes. La norma causó un “efecto paralizante” durante los primeros tres años del gobierno de Trump: muchos inmigrantes evitaron acceder a los beneficios públicos incluso cuando eran elegibles, por temor a poner en peligro su estatus migratorio.
VII. Ataque a la ciudadanía
Trump ha reiterado su promesa, más recientemente durante una entrevista con NBC News, de tomar medidas inmediatas para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, un derecho constitucional consagrado en la 14ª Enmienda que otorga la ciudadanía a cualquier niño nacido en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento alteraría fundamentalmente el tejido de la política migratoria estadounidense al crear una población de individuos apátridas nacidos en Estados Unidos sin ciudadanía, lo que aumentaría en lugar de reducir la población indocumentada.
Aunque las órdenes ejecutivas no pueden invalidar disposiciones constitucionales, Trump ha indicado que podría emitir una orden ejecutiva el primer día de su segundo mandato destinada a reinterpretar la enmienda para negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres sean indocumentados o no ciudadanos, al determinar que dichos no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos. La Corte Suprema ha interpretado el lenguaje de la 14ª Enmienda para incluir a casi todos los individuos nacidos en Estados Unidos, excluyendo solo a grupos específicos como los hijos de diplomáticos extranjeros.
Trump ha sostenido que la redacción de la enmienda “sujeto a la jurisdicción” tiene como objetivo excluir a los inmigrantes indocumentados, una opinión que no sólo contradice el precedente legal existente, sino que también podría limitar la aplicabilidad de otras leyes a la población indocumentada. Esta lectura inusual y ahistórica de la enmienda enfrentaría desafíos legales inmediatos . Aun así, Trump ha expresado confianza en que la Corte Suprema rechazaría el precedente y fallaría a favor de su administración. Trump puede tomar medidas ejecutivas adicionales para evitar que los hijos nacidos en Estados Unidos de no ciudadanos reciban certificados de nacimiento, números de Seguro Social u otra prueba de ciudadanía, creando nuevas barreras . Tales medidas podrían llevar a los estados a limitar el acceso a la documentación emitida por el estado, como los certificados de nacimiento, aunque tales acciones probablemente enfrentarían desafíos legales.
Un segundo gobierno de Trump podría emprender otros tipos de ataques a la ciudadanía. Se espera que Trump revitalice los esfuerzos de desnaturalización, apuntando a los ciudadanos naturalizados para deportarlos si se descubre que han cometido fraude durante su proceso de naturalización o han participado en actividades delictivas después de convertirse en ciudadanos estadounidenses. La desnaturalización se intensificó durante el primer mandato de Trump en el marco de la “Operación Janus”, un esfuerzo de amplio alcance para identificar a las personas que habían obtenido la ciudadanía “de manera indebida”, incluidas las personas con errores menores o tergiversaciones en los documentos de inmigración. Estas iniciativas marcaron una ruptura significativa con la práctica anterior en la que solo la tergiversación más atroz e intencional podía conducir a la desnaturalización.
VIII. Conclusión
Un segundo gobierno de Trump está a punto de promulgar cambios extensos que apuntan a restringir la inmigración, alterando drásticamente el sistema de inmigración existente a partir del 20 de enero. Muchas órdenes ejecutivas y acciones administrativas tendrán un impacto dentro de los primeros 100 días de la administración, incluso sin que le acompañe legislación del Congreso. Estas acciones se centrarán en restablecer políticas restrictivas y centradas en la aplicación de la ley del primer mandato de Trump (como las expulsiones del Título 42, las deportaciones y la limitación del acceso al asilo) e introducir nuevas medidas, incluida la expansión de los procesos de deportación acelerada y la revocación de protecciones para los Dreamers, los titulares del TPS y otros residentes estadounidenses de largo plazo.
Si bien estas políticas se alinean con la agenda de inmigración de larga data del presidente electo Trump centrada en asegurar las fronteras y limitar las vías de ingreso al país, enfrentarán desafíos logísticos y obstáculos legales significativos y es probable que conduzcan a repercusiones económicas, agitación social y protestas públicas. Incluso en ausencia de una financiación sustancial del Congreso, la segunda administración de Trump podría tener un impacto perjudicial y disruptivo sobre el sistema de inmigración de manera inmediata, reduciendo drásticamente los flujos de inmigración tanto ilegal como legal hacia Estados Unidos.